El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para garantizar una pensión digna a las viudas y huérfanos de personas fallecidas por hechos de violencia vinculados al crimen organizado, con el objetivo de asegurar su subsistencia y desarrollo, evitando que la tragedia se traduzca en pobreza y exclusión.

El legislador del PRI puntualizó que la propuesta establece que dicha pensión no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente y deberá constituirse como un derecho permanente, exigible y ajeno a la discrecionalidad administrativa. Para su implementación, dijo, se plantea la creación del Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia, el cual será administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El coordinador parlamentario precisó que este fondo se integrará con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, bienes decomisados al crimen organizado, donaciones y otras aportaciones, bajo criterios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

“Esta iniciativa busca evitar que la violencia genere una segunda víctima: la supervivencia de los hogares. No se trata de asistencialismo, sino de justicia constitucional”, subrayó.

Rubén Moreira argumentó que el proyecto de ley responde a una crisis de violencia que impacta profundamente a las familias mexicanas. Refirió que en 2024, México registró 33 mil 241 homicidios, con una tasa de 25.6 por cada 100 mil habitantes; además, 23.1 millones de personas fueron víctimas de algún delito, mientras que el 93.2 por ciento de estos no se denunció o no derivó en investigación.

“Estas cifras reflejan que la violencia no sólo cobra vidas, sino que desarticula familias enteras, dejando a miles de hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social”, enfatizó.

El coahuilense explicó que, además, el modelo actual de atención a víctimas resulta insuficiente, ya que depende de mecanismos de reparación del daño sujetos a disponibilidad presupuestaria. Recordó que en 2020 se eliminó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, lo que debilitó la capacidad del Estado para responder a las víctimas.

Advirtió que la pérdida del sostén económico del hogar, sumada al impacto emocional, genera condiciones de precariedad que derivan en abandono escolar, trabajo infantil y ciclos de exclusión social.

Por lo anterior, la iniciativa que adiciona el artículo 4º constitucional para reconocer el derecho de las viudas y huérfanos a recibir una pensión digna, contempla un régimen transitorio donde el Congreso contará con 90 días, desde la entrada en vigor de la reforma, para realizar las adecuaciones a la legislación secundaria, y la CEAV tendrá 180 días para constituir y poner en operación el Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia.