Por Luis Antonio Guajardo
En Nuevo León llevamos ya casi dos sexenios escuchando promesas para combatir la contaminación, pero el problema continúa. Cambian los gobiernos, aparecen nuevos programas y se anuncian medidas que, según se nos dice, ahora sí resolverán el problema. Sin embargo, seguimos respirando un aire que enferma y que, en los casos más graves, puede contribuir al fallecimiento.
No necesitamos ser especialistas para darnos cuenta. Basta mirar el cielo gris, observar cómo desaparecen las montañas detrás de una capa de contaminación o pasar un dedo sobre cualquier automóvil para encontrarlo cubierto de polvo. Lo verdaderamente preocupante es aquello que no vemos: las partículas que entran a nuestros pulmones y afectan diariamente nuestra salud.
Mientras las autoridades discuten quién contamina más, miles de familias enfrentan alergias, irritación en los ojos, crisis de asma, enfermedades respiratorias y problemas cardiovasculares. Los más vulnerables son los niños, los adultos mayores y quienes ya viven con algún padecimiento. Para ellos, un día con mala calidad del aire no es una estadística; puede convertirse en una visita al médico, una hospitalización o una complicación grave.
¿Entonces por qué no se compone la contaminación?
Porque durante años hemos escuchado más explicaciones que resultados. Cuando el aire empeora, se culpa a las pedreras, a las industrias, a los automóviles, a la construcción, a los incendios, a la falta de lluvia o a la Refinería de Cadereyta. Seguramente todos tienen una parte de responsabilidad, pero esa larga lista ha servido también para que ninguna autoridad asuma completamente la suya.
El Gobierno federal señala que algunas fuentes corresponden al Estado. El Gobierno estatal responde que las empresas más contaminantes y la refinería son de competencia federal. Algunos municipios realizan acciones menores y la ciudadanía queda atrapada en medio de una discusión administrativa que no limpia el aire.
La contaminación no distingue entre facultades federales, estatales y municipales. El aire que sale de una chimenea bajo regulación federal termina en los pulmones de una persona que vive en Nuevo León. Por eso, dividir responsabilidades no puede significar dividir también las soluciones.
El gobernador Samuel García prometió combatir la contaminación y llegó a manifestarse a favor del cierre o la reubicación de la Refinería de Cadereyta. En enero de 2024 afirmó que la planta debía dejar de afectar la calidad del aire de Nuevo León y su gobierno presentó iniciativas para poder actuar frente a ella. Han pasado los años, la refinería continúa operando y todavía no conocemos una ruta clara para cumplir aquel compromiso.
Es verdad que la refinería pertenece a Pemex y está sujeta principalmente a la autoridad federal. El gobernador no puede cerrarla por decisión propia. Pero si se hizo una promesa pública, tiene la obligación de informar qué gestiones se realizaron, qué respondió la Federación, qué resultados se obtuvieron y qué piensa hacer ahora su gobierno.
También el Gobierno federal debe dejar de tratar el asunto como una disputa política. La Refinería de Cadereyta no puede quedar protegida por el simple hecho de pertenecer a Pemex. Si contamina, debe modernizarse, reducir sus emisiones y someterse a una vigilancia estricta. Ninguna empresa pública o privada puede estar por encima del derecho de las personas a respirar un aire que no les haga daño.
Ahora se habla más de disminuir las emisiones de la refinería que de cerrarla o reubicarla. En 2025, el Gobierno estatal informó que buscaría, junto con la Federación, revisar sus filtros, catalizadores y desulfuradores. Si cambió la estrategia, debe explicarse con claridad. Lo que no puede aceptarse es que las promesas simplemente desaparezcan del discurso mientras la población continúa expuesta.
El Estado asegura que durante el primer trimestre de 2026 disminuyeron las partículas PM10 y PM2.5 respecto al mismo periodo de 2025. Es una buena noticia, pero tres meses favorables no significan que el problema esté resuelto. La mejoría debe mantenerse durante todo el año y reflejarse en menos alertas, menos enfermedades y una reducción comprobable de las emisiones.
Tampoco basta recomendar que no hagamos ejercicio al aire libre, que cerremos las ventanas o que los niños permanezcan dentro de sus casas. Esas medidas pueden proteger temporalmente a la población, pero no eliminan una sola fuente contaminante. Resulta absurdo que la solución ofrecida a las familias sea esconderse del aire de la ciudad donde viven.
Necesitamos saber quiénes contaminan, cuánto emiten, cuándo fueron inspeccionados y qué sanciones recibieron. Esa información debe ser pública, sencilla y verificable. Si una empresa incumple, tiene que corregir inmediatamente y responder por el daño. Si reincide, la sanción debe ser verdaderamente severa. Las multas pequeñas terminan convirtiéndose en un costo más de operación.
También necesitamos estudios médicos serios y permanentes. No es suficiente contar los días malos y extremadamente malos. Hay que conocer cuántas enfermedades, hospitalizaciones y muertes están relacionadas con la exposición prolongada a la contaminación. La UANL ha advertido que la mala calidad del aire puede desencadenar o agravar asma, rinitis, enfermedad pulmonar obstructiva y fibrosis pulmonar.
La ciudadanía tiene obligaciones y debe contribuir, pero no puede cargarse sobre ella la responsabilidad principal. Una familia puede revisar su automóvil, evitar quemas y utilizar menos el vehículo cuando sea posible. Lo que no puede hacer es inspeccionar una fábrica, regular una pedrera, modernizar el transporte público o exigirle directamente a Pemex que reduzca sus emisiones.
Eso corresponde a quienes gobiernan.
Nuevo León ha demostrado que puede atraer inversiones, construir obras y organizar proyectos de alcance internacional. No debería resultar imposible garantizar algo tan elemental como respirar sin enfermarnos.
La contaminación no puede seguir tratándose como un asunto secundario ni como una bandera utilizada para enfrentar a la Federación con el Estado. Mientras los gobiernos discuten, hay personas que respiran con dificultad, niños que desarrollan padecimientos y familias que gastan parte de sus ingresos en consultas y medicamentos.
Después de tantos años, los nuevoleoneses ya no necesitamos nuevas promesas. Necesitamos resultados.
Porque el aire sucio no solamente oculta nuestras montañas. También enferma a nuestra gente y puede apagar vidas.