Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, plantea que la Corte Penal Internacional (CPI) analice posibles actos de persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.
El estudio, elaborado por Lindsay Freeman y difundido en Just Security, relaciona asesinatos, vigilancia digital, hostigamiento y campañas de desprestigio. Su análisis toma como referencia una política de la Fiscalía de la CPI, publicada en diciembre de 2025, que contempla el posible uso de tecnologías de espionaje y operaciones digitales en crímenes previstos por el Estatuto de Roma.
Según el documento, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024 fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos en el país. También menciona señalamientos públicos desde las conferencias matutinas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, acoso en redes, espionaje mediante herramientas como Pegasus y procesos legales contra críticos del gobierno.
La investigación incorpora además información de los llamados Guacamaya Leaks sobre actividades de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El planteamiento jurídico se basa en el delito de persecución, considerado crimen de lesa humanidad cuando implica una grave vulneración de derechos y forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil.
No obstante, el estudio no significa que la CPI haya iniciado una investigación contra México ni que haya determinado la existencia de crímenes de lesa humanidad. La propuesta es que la Fiscalía revise la evidencia y establezca si existen elementos para realizar un examen formal.
Reforzar el enfoque periodístico
Simplificar el lenguaje jurídico
Destacar la falta de investigación formal