Waldo Fernández
El transporte público es un medio vital para toda sociedad. Cualquier gobierno que se precie de tener sensibilidad social tiene la obligación de garantizar las condiciones para que su población cuente con un transporte pùblico de calidad que le permita llevar a cabo sus actividades económicamente productivas y de esparcimiento. Si el gobierno falla en ofrecer dichas condiciones traerá consigo no sólo consecuencias económicas negativas sino que generará un clima de ingobernabilidad.
En Nuevo León el gobierno estatal y los transportistas han sostenido durante lo que va de esta administración una negociación referente al alza en la tarifa de transporte. Los empresarios argumentan, en términos llanos, que los precios del combustible y mantenimiento de las unidades son insostenibles con la tarifa actual. Desde el gobierno estatal se había mantenido un diálogo constante, se escucharon las razones de los empresarios transportistas, pero se insistió en poner siempre por delante el beneficio de los usuarios, reconociendo que cualquier alza en la tarifa es un golpe a la economía familiar de la mayor parte de la sociedad.
Desgraciadamente dicho diálogo se rompió durante el último fin de semana de abril y el lunes 29 los empresarios transportistas llevaron a cabo un paro en el servicio que duró de las 5 hasta las 8 de la mañana del mismo día. La acción representó un golpe artero a los usuarios pues con dolo premeditado fue un día antes de fin de mes, cuando el dinero escasea más, además de ser fin de vacaciones y regreso a clases. Ni duda cabe que el objetivo de los empresarios era afectar lo más posible a la población.
En este escenario de polarización todos siguen abonando. Las ONG’s pidiendo condiciones que escapan de la realidad financiera que vive el estado y en un caso en particular poniéndose a merced de los intereses electorales de personajes políticos al pretender hacer ver como “ciudadana” una protesta financiada con dinero de esos personajes con el objetivo claro de desinformar y afectar la gobernabilidad en Nuevo León. Las cámaras empresariales adoleciendo públicamente el golpe económico sin mencionar que la postura del gobierno siempre ha sido en contra del aumento de tarifa y soslayando una realidad que ellos conocen bien y que tiene que ver con el aumento a los combustibles a partir del 2017, una situación que ellos mismos señalaron como motivo de incremento en sus costos, pero que parece que no consideran que afecte de la misma forma para los empresarios del transporte.
Los partidos políticos y el poder legislativo sacando raja política, “alzan” la voz, pero nadie dice que ésta situación es heredada, que el aumento no lo decide el Gobernador sino el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, pero más importante aún, que si no la resolvemos ahora de manera realista será un lastre para cualquiera que gobierne después de ésta administración estatal.
Pero los más arteros de todos han sido los transportistas porque no entienden que no están otorgando sólo un servicio sino un derecho humano, el de la movilidad. Ante esto ya no hay diplomacia que valga, es momento de hacer valer la autoridad que nos dio la gente y emprender las acciones jurídicas necesarias para sancionarlos, cosa que debe hacerse y se hará.