David Casas
La Federación del Autotransporte de la CROC lamentó que por intereses políticos se deteriore el servicio camionero urbano y se afecte a miles de usuarios con las rutas que han dejado de circular en la zona metropolitana de Monterrey.
Para el secretario general del Autotransporte en Nuevo León, Osvaldo Serna Servín, la situación es grave, pero cuestiona que no se de la solución definitiva al asunto de las tarifas del transporte y considera que no es “culpando unos a otros como se encontrará un equilibrio”.
Por lo que refiere a la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, las instrucciones del secretario general, Alberto Serna de León, son las de no suspender el servicio de sus rutas camioneras, sino al contrario, colaborar en la medida posible con los usuarios que se han quedado o podrían quedarse sin servicio por parte de algunos concesionarios.
Osvaldo Serna reiteró la postura realista de esa central obrera que es de incrementar solo un peso las tarifas del transporte con lo que se aliviaría en parte la crisis que atraviesa el sector ante el alza de insumos como los combustibles, refacciones, créditos para unidades y salarios entre otros.
“No se trata de afectar al usuario, sabemos la situación que se vive y en ella también están inmersos los empresarios y los trabajadores que tienen sus rutas como nosotros que hemos mantenido la tarifa en diez pesos desde hace años”.
Por lo que se refiere a las rutas que habrían dejado de trabajar, Osvaldo Serna hizo un llamado a los concesionarios a reconsiderar la decisión y aunque sabe del sacrificio que hacen por mantenerlas, cree que debe darse el servicio en espera de una decisión tarifarias en los siguientes días”.
Además de Monterrey los croquistas prestan servicio en los municipios de Pesquería, Zuazua, Apodaca y San Nicolás entre otras localidades, pero no suspenderán y seguirán en operación.
En este sentido el dirigente del transporte en la entidad de ese gremio sindical se pronunció por el diálogo, por encontrar en la negociación entre todos los involucrados, incluidos los usuarios una solución, pero que no se política y que las autoridades asuman los costos que les corresponden como lo harían los empresarios y sindicatos.