sáb. Feb 24th, 2024

Jessica Leal

Monterrey, N. L.- La Cámara Nacional de Comercio de Monterrey y el Consejo Cívico, miembros del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, manifestaron escepticismo ante la decisión del Gobierno estatal de buscar endeudamiento para adquirir las unidades de transporte, y prestar de manera directa el servicio en forma estatizada.

“Consideramos que, pasar de un oligopolio privado a un monopolio público, para tener el control administrativo de las rutas urbanas, no parece ser la mejor opción”, explican en un comunicado.

“En México existe evidencia clara de que los gobiernos no son los mejores administrando empresas, el caso de la desaparición de la Ruta-100 en la CDMX por ejemplo. Mientras que, en países de Latinoamérica, donde han aplicado modelos similares, no han tenido la efectividad y los procesos han sido largos y tortuosos”.

El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón solicitó al Congreso Local la aprobación para endeudarse con 4910 millones de pesos y adquirir los 4,200 camiones de las rutas urbanas de Monterrey.

En este contexto y ante el desconocimiento integral del planteamiento del Gobierno estatal, subsisten muchas dudas que deberán ser atendidas puntualmente para atender las inquietudes generadas por este plan

Solicitan a la autoridad aclarar a detalle los siguientes cuestionamientos: ¿Qué área de gobierno o especialistas externos trabajaron en el desarrollo el proyecto?, ¿se contó con la validación de este órgano de planeación estratégica para asegurar que sea la mejor ruta a seguir? ¿Qué alcances tiene la propuesta del Gobierno?, además de la adquisición de unidades mencionada por el Gobierno, ¿se adquirirán los patios, talleres mecánicos y toda la infraestructura física para operar el sistema? ¿El monto de endeudamiento que el gobierno solicitó al Congreso local, es el adecuado para adquirir y operar la totalidad del sistema de transporte urbano?, ¿cuáles son los escenarios financieros que fundamentan que el nuevo sistema permitirá reducir las tarifas a los usuarios como anunció el Gobernador, sin incurrir en déficit? y¿Cuál sería la fuente de ingresos para cubrir dicho financiamiento? ¿Cuál es el monto total que se requiere para una operación de tal magnitud?

¿Asumirá el Estado, el pasivo laboral de las empresas requisadas?, ¿qué impacto adicional tendría esta medida o la contratación de nuevo personal en las finanzas del Estado?, ¿Cuánto tiempo les llevará tomar el control total de la operación del sistema de transporte?, ¿qué va a suceder mientras el gobierno toma ese control? y Al ser el Estado el operador del sistema, ¿quién auditará y sancionará las irregularidades en la prestación del servicio, para no ser juez y parte y asegurar calidad a los usuarios?, interrogan.

“Ante la magnitud de este proyecto, demandamos que exista total transparencia y se brinde a la sociedad de Nuevo León la información para analizar la propuesta. Nos preocupa el impacto en las finanzas públicas estatales y la viabilidad técnica y operativa de la iniciativa”, exponen.

Señalan que uno de los problemas más graves del sistema de transporte es la urgente necesidad de rediseñar las rutas de acuerdo con las necesidades actuales de la población y de la ciudad, además de garantizar calidad del servicio a los usuarios para mantener o crecer la demanda por el servicio.

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