*El ex director Adalberto Núñez, deberá mostrar que no hubo tal operación

Jessica Leal

Por daño patrimonial ante presunta venta ilegal de terrenos del Estado, un ex funcionario del gobierno de “El Bronco”, podría ser imputado el lunes.

En respuesta,  Adalberto Núñez, ex director de Fomerrey -encargado de la vivienda y la tierra popular- dice tener pruebas de que las operaciones de venta fueron legales.

Actual subsecretario del Trabajo en Nuevo León, ex militante del PAN donde fue alcalde en el municipio de San Nicolás de los Garza, asegura que en los archivos de Fomerrey se encuentran los avalúos y las actas del Comité Técnico que soportan las transacciones inmobiliarias que observó la Auditoría Superior del Estado.

Extraoficialmente se sabe que el lunes 20 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción imputará al funcionario por ejercicio indebido de funciones y probable daño al erario, por la venta de ocho predios de Fomerrey.

Podría ser imputado  por vender lotes de uso comercial sin avalúos o sin el aval del Comité Técnico de Fomerrey, lo que supone un daño al patrimonio del organismo por un monto que aún no ha sido cuantificado.

Adalberto Núñez estuvo como director de Fomerrey desde   octubre del 2015, hasta julio del 2018, cuando fue nombrado luego, subsecretario del Trabajo.

Las presuntas anomalías en la venta de lotes fueron señaladas en la Cuenta Pública del 2017, donde la ASE detectó que no se siguieron los procedimientos adecuados y algunos predios se comercializaron por debajo de su valor real.

El reporte  señala cuatro operaciones de compraventa sin aval del Comité Técnico, por un monto de 4.1 millones de pesos.

En otras cuatro operaciones se vendieron terrenos a un precio por debajo del valor comercial, lo que generó una afectación a Fomerrey que la ASE estimó en 6.6 millones de pesos.

En octubre pasado, el Estado anunció que cancelaría las ocho operaciones de compra-venta cuestionadas, pero la ASE presentó diez denuncias penales que involucran a Núñez y otros funcionarios de Fomerrey.

La acusación sería por el posible delito de ejercicio indebido de funciones, pero conforme avance el caso el Ministerio Público podría acusarlo también daño patrimonial.

“No hay absolutamente ninguna irregularidad, por el carácter de confidencialidad que implica este proceso de la Fiscalía no puedo mostrar los documentos, pero los avalúos que se hicieron están certificados ante notario público”, explica Núñez.

“Aunque no se requería, en una de las ventas se pidió permiso al Comité Técnico, se aprobó y están las actas firmadas por el tesorero, el secretario de Infraestructura y el procurador Fiscal”, argumenta.