Arnulfo Vigil
La improvisación en la vida pública es uno de los peores errores que pueda cometer un gobernante, porque nada resulta positivo, se fugan recursos públicos que pudieron ser bien utilizados, se pierde tiempo y se pagan las consecuencias. Nulos resultados. Improvisación, ocurrencias, medidas parciales, locuras, prepotencia. Todo conduce si no a la debacle, sí a la anemia política.
Y eso es lo que está sucediendo con la reciente medida tomada, nomás porque sí, sin conocer la materia, por el recién estrenado director de la Agencia Estatal del Transporte Noé Valdés, al poner fuera de circulación los taxis de servicios digitales Didi, Uber y Cabafy. Nomás porque sí, porque eso ya lo había hecho Jorge Longoria, el defenestrado director del organismo de marras. Esta es la improvisación: si se había hecho, por qué se hace de nuevo. Eso significa que no se hizo bien la primera vez y que la segunda vez tampoco se está haciendo bien. Y habrá una tercera, igual.
Noé Valdés, charro de afición, charro de esos que agarran la riata y no sindical, y transportista de carga, cuyo gran mérito es ser compadre del gobernador Jaime Rodríguez, sabrá de caballos pero no de transporte urbano. Lo prueba el hecho de que no se remite a las acciones de su antecesor, porque no tiene caso repetir lo que se ha hecho, lo que se ha hecho mal, al vapor y por mera ocurrencia. Pero, bueno, así ha funcionado este sexenio gubernamental.
Lo malo es que las ocurrencias cuestan. Sobre todo le cuestan al ciudadano que se tiene que fregar a diario para llevar el sustento a casa, para sacarle la vuelta a las oleadas de delincuencia y para lidiar con al terrible burocracia que hoy más que nunca se ha convertido en la epidemia oficial.
Y ante la medida otros pierden la máscara y jalan agua para sus molinos: el senador Samuel García señala, no sin razón, que el problema no son los Uber sino el conflicto de intereses para beneficiar a los transportistas. El Partido Acción Nacional califica de represión decomisos de taxis con plataforma digital, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos reprueba la medida tomada por la Agencia del Transporte.
Y desde luego, los taxistas afectados salen a la calle a manifestar su repudio contra la medida. “Con pancartas y consignas”, reporta el periódico El Porvenir, “en contra del director de la AET, Noé Chávez, conductores de Uber Didi, Cabafy realizaron una protesta en el Congreso local”.
Ante la regazón, las autoridades gubernamentales salen con otra ocurrencia: se darán permisos temporales a cibertaxis. Y con las tablas de la ley en la mano, el secretario de gobierno, Manuel González, conspicuo e insoluto, amenaza: “Si estos vehículos no están trabajando conforme a lo que establece la ley, y/o va a establecer la nueva ley que ahora está en el Congreso, pues actuaremos en consecuencia, si los taxis no tienen la reglamentación, también actuaremos en consecuencia. No hay nada que está por encima de la ley, ni fuera de la ley, actuaremos con toda la fuerza que tenga el Estado para que todo esto esté en orden”.
Si así fuera, por qué no hace lo que dice con las unidades y el servicio prestado por Abelardo Martínez, el más temible y maleta de los empresarios del transporte.