David Casas
Monterrey, N. L- Los internos de los penales de Nuevo León trabajan más horas de lo que marca la ley y no reciben las prestaciones debidas, por lo que son explotados por las empresas para las que hacen labores hasta en turnos de diez horas al día.
Lo anterior se desprende del diagnóstico penitenciario 2018-2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde la titular Sofía Velasco, titular señala que encontraron que en el Cereso de Cadereyta y el de Apodaca, los reos que hacen labores para empresas tienen turnos de hasta 10 horas diarias en franca violación a la Ley del Trabajo además de no tener servicio médico.
Los resultados se obtuvieron luego de dos años de observación a los Penales del Topo Chico, (hoy cerrado), Cadereyta, Apodaca, Femenil y Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores.
“Se constató que muy pocas personas privadas de la libertad realizaban actividades escolares, y que no todas las que trabajaban contaban con las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo y la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues no recibían aguinaldo”.
En el tiempo del análisis del diagnóstico, se tenía una capacidad instalada para 8 mil 527 personas internas y la población privada de la libertad era de 6 mil 634 personas, lo que significa, una ocupación de casi del 78 por ciento de las referidas instalaciones.
Asimismo, en materia de salud, en todos los centros penitenciarios se detectó la falta de uniformidad en los registros de enfermedades e infecciones, trayendo como consecuencia que no fueran atendidas como era debido. En términos generales, también se encontró desabasto de medicamentos y déficit en la atención de enfermedades inmunoalérgicas y aquellas derivadas de intoxicaciones.
Se constató que muy pocas personas privadas de la libertad realizaban actividades escolares
En cuanto infraestructura, muchos de los espacios carecen de iluminación y ventilación naturales, y a excepción del Centro de Internamiento de Adaptación de Adolescentes, las camas individuales y colchones eran insuficientes en los centros penitenciarios.
“Las personas internas que sufren algún tipo de discapacidad, particularmente de tipo motriz, no encuentran la accesibilidad a la infraestructura que es requerida. Esto se extiende también a las personas con discapacidad que acuden a las visitas”.
En este período, la CEDHNL documentó 113 quejas por omisiones a las obligaciones de seguridad, resguardo y custodia, que se refieren a agresiones físicas, amenazas y cobros por parte de sus iguales, así como agresiones del propio personal de seguridad.
Velasco Becerra dijo que se observó insuficiente personal técnico especializado, ya que la proporción es de 108 especialistas para una población de más de 6 mil 600 personas.
Además, hizo un llamado para asegurar que todos los centros cuenten, en la práctica, con la aplicación de los protocolos que señala, desde el 2016, la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La CNDH solicitó la adopción de directrices en la administración penitenciaria, para una adecuada distribución de la población, con el fin de garantizar espacios dignos; que se elabore un registro unificado en relación a las enfermedades que se deben monitorear, que les permita actuar con oportunidad; formular un plan integral de accesibilidad en todos los centros penitenciarios; contar con el personal de seguridad y custodia suficiente y capacitado, que garantice la protección, el control y la reinserción de las personas privadas de la libertad.
También gestionar la seguridad social y prestaciones de ley para todas las personas privadas de la libertad que laboran, tanto para los propios centros como para las empresas, así como contar con programas sistemáticos y articulados para la práctica del deporte, como medio de esparcimiento para la salud física y reinserción.