Monterrey, N L- Organizaciones civiles exigieron  al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón y a la Fiscalía de Justicia, transparencia y honestidad en el caso de las unidades de Ecovía que resultaron siniestradas sospechosamente en un predio propiedad del titular de Movilidad y Accesibilidad, Noé Chávez Montemayor.

Demandan que el acuerdo que el Estado presentó a la Fiscalía en torno al asunto, sea publicado para ver los beneficios o condiciones que hay entre el particular y el Estado.

El vicefiscal Luis Orozco informó que hay un acuerdo firmado entre Jorge Rivas, Administrador del Sistema Ecovía, y la empresa Titanium Express, de la que es socio Noé Chávez, titular del Instituto de Movilidad.

Sin embargo, ambos funcionarios no han omitido declaración al respecto.

“El asunto es que la Fiscalía tiene que trasparentar ese convenio. Es igual que cuando se hizo el convenio con el dron, nunca lo hemos conocido”, dijo Liliana Flores Benavides, del Colectivo Nosotros.

Mencionó que hace un año iniciaron en la Cotai un juicio solicitando a Rivas hacer pública la información de la Ecovía, entre ésta las pólizas de seguro de las unidades, para conocer bajo qué cláusulas están respaldadas.

“Primero, que las unidades contaran con las pólizas vigentes y, segundo, en la cobertura que no haya un tipo de cláusulas de que deben estar resguardadas dentro de un terreno, porque hay que recordar que en la Ecovía los talleres son los que están en Lincoln”, subrayó.

Para Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, y Gilberto Marcos, de Vertebra, respectivamente, no se debe dar carpetazo al caso, al ser un tema con diversos intereses y que implica el uso de recursos públicos.

“En vez de aclararnos nos da más señas de que algo ilegal está sucediendo, ahora quieren hacerlo legal a través de un papel que posiblemente no existía”, coincidieron Marcos y Ramos.

Opinaron que esto se ha convertido ya en una práctica del Gobierno de Nuevo León de hacer una ilegalidad y luego querer hacerla legal a través de acuerdos como Kia y el dron.

Con el convenio el Estado busca justificar el resguardo de más de 50 unidades de Ecovía en el terreno privado, donde el 9 de mayo se incendiaron nueve camiones.