Por Rogelio Romero
Una de las 15 ordenes ejecutivas que firmó el presidente, Joe Biden, ha sido revertir la política energética de su antecesor el republicano Donald Trump, lo que afectara fuertemente los intereses de las grandes empresas petroleras de Texas.
La política energética del nuevo gobierno consistirá en construir una infraestructura basada en fuentes de energías limpias y renovables, descartando el uso del petróleo como el principal recurso natural para producir gasolinas o como generador de energías a nivel nacional.
Es decir la visión del gobierno de Biden es preparar al país para que en el curso de una década, pueda generar fuentes de energía limpia, que vayan acordes con la política de cambio climático que reclama el planeta.
Los grandes empresarios petroleros de Texas verán fuertemente afectados sus intereses económicos con esta nueva política ambientalista, por eso apoyaban la reelección de Trump, quien les había prometido continuar con los subsidios fiscales a los que están acostumbrados.
El plan Biden contempla la eliminación de escisiones fiscales para los corporativos petroleros, mantenerlos a raya y que cumplan como toda empresa con sus obligaciones hacendarias.
Los petroleros texanos ya han pegado el grito en el cielo señalando que; Si las regulaciones federales se vuelven más estrictas sobre sus negocios terminaran afectando al 35% de la planta productiva estatal.
Sectores industriales como Houston, Dallas o la región de Odessa estarían entre los más afectados, según porque podría causar más recortes de empleo entre sus trabajadores.
La realidad es que Trump abrió de nuevo el juego político para que los grandes corporativos petroleros texanos produjeran, exportaran y controlaran de nuevo casi todo el mercado de hidrocarburos, además de permitirles el almacenamiento de grandes cantidades del llamado “oro negro” en territorio nacional.
Por eso no era nada raro que Trump en determinado momento ofreciera al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, “cubrir” el cmplemento de la cuota de petróleo que México tenía que entregar a la OPEP, algo así como 100 mil barriles de petróleo.
La decisión del presidente Biden no será fácil implementarla, los empresarios petroleros tienen una fuerte influencia política en Washington, van a buscar negociar un acuerdo a través de los legisladores que los representan.
Se vendría una serie de demandas en cortes federales contra la política ambientalista del nuevo gobierno por parte de la oligarquía petrolera nacional, algo que de suceder tardaría meses o años en ser resuelto.
Además el vecino del sur (México) no está en el mismo canal, porque no confía en las energías renovables debido a que han representado más un negocio particular para políticos y empresarios, que en beneficiar su propio plan de energía nacional.
Texas es el mayor productor de petróleo de Estados Unidos y con una política fiscal bastante flexible para empresarios que buscan establecer sus negocios en la entidad, por lo menos es lo que hasta hoy ha prevalecido bajo los gobiernos republicanos estatales.
Si el plan energético del presidente Biden tiene éxito y se logra la regulación de los intereses petroleros texanos, esto podría tener un costo político fuerte en las urnas en las próximas elecciones estatales para el Partido Republicano y el actual gobernador Greg Abbott.