Por Rogelio Romero
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que saque de su agenda las peticiones del gobierno sobre la financiación del muro fronterizo y un programa migratorio que fuerza a los solicitantes de asilo, a esperar la resolución de sus casos, en territorio mexicano.
La presentación de los argumentos jurídicos por parte del gobierno, ante el supremo tribunal de la nación en estos dos casos, estaba programado para el 22 de febrero y 1 de marzo.
La petición formal fue hecha este 1 de febrero por la procuradora general interina, Elizabeth Pregolar, en lo que constituye una primera acción jurídica en los hechos, que da reversa a la política antinmigrante que practicó por 4 años la administración de Donald Trump.
El presidente Biden ya había ordenado la suspensión en la construcción del muro fronterizo con México el pasado 20 de enero, cuando tomo posesión del cargo.
El último acto público que encabezó Donald Trump como presidente ocurrió en la frontera sur con México, cerca de la pequeña población de Álamo (Texas) donde inauguró más de 400 millas de reforzamiento y construcción de la valla fronteriza.
El gobierno demócrata pidió la cancelación de las audiencias judiciales a la Suprema Corte porque hará una revisión de todos los contratos que fueron autorizados y el dinero de “emergencia” que había solicitado Trump, para intentar acabar con la edificación de la muralla.
Con respecto al llamado programa migratorio “Permanezca en México”, el documento judicial presentado por la procuradora Pregolar establece que también serán revisados los protocolos pero que ya era inviable seguirlo aplicando, porque los migrantes indocumentados que son capturados en Estados Unidos y tienen posibilidades para obtener el asilo, no tienen por qué ser regresados a territorio mexicano para solicitarlo.
El actual gobierno demócrata informó a la Unión Americana de Libertades Civiles (organismo que había impugnado ante las cortes ambas medidas del gobierno anterior) sobre la suspensión de estas dos acciones antinmigrantes, con lo que la organización civil estuvo de acuerdo.