Monterrey – En Monterrey se ubican el 70 por ciento de los mercados de explotación sexual en el Estado, que difunden videos y fotografías íntimas de mujeres sin su consentimiento. 

Para ello utilizan chats privados o redes sociales, dijo la activista Olimpia Coral Melo, quien acompañada de un grupo de mujeres realizaron una concentración frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia para las víctimas de delitos contra la intimidad sexual en internet y la difusión de la Ley Olimpia.

De acuerdo a la activista los mercados de explotación sexual que existen en Nuevo León, han sido contabilizados más 150, grupos de “packs” o de “nudes”, que es como los llaman y “que al final son mercados de explotación en línea, en donde principalmente hombres se concentran para violar cuerpos de mujeres, porque el hecho de que sea virtual no significa que no estén violando un cuerpo de manera real”, agregó Olimpia Coral.

Recordó que la ley vigente desde 2019 en Nuevo León, no tiene promoción  por parte de las autoridades y tampoco hay seguimiento a su aplicación. 

En este sentido, en la entidad existen tres casos  de dos hombres y una mujer vinculados a proceso por delitos contra la intimidad sexual en internet.

Con la protesta buscan que las autoridades apliquen acciones concretas para garantizar la difusión y aplicación de la ley, ya que el Congreso del Estado aprobó la Ley Olimpia, pero nadie se ha preocupado por darle seguimiento a la prevención, a la capacitación. 

Sin embargo, asegura que quienes están dispuestas a hacer las denuncias se encuentran con un sistema de justicia que las revictimiza y las culpa y con una sociedad sumamente machista.

Olimpia Coral solicitó el acceso a la justicia, una campaña de prevención y de capacitación, así como la atención inmediata a los casos que están en la opacidad sobre este tipo de delitos contra la intimidad sexual. 

El posicionamiento fue dirigido al Gobierno del Estado, a la Fiscalía, y al Congreso del Estado que aprobó en la pasada Legislación la Ley Olimpia, pero que no ha tenido una consecuencia social. 

La sanción para ese tipo de delitos está estipulada en la entidad en el Código Penal con tres a nueve años de cárcel.