Por: Francisco J. Peña Medina
Al denunciar que existe en Nuevo León “una casta divina” de personajes que se mueven en los terrenos de la política y hacen negocios a través de empresas “factureras”, el diputado local de Morena, Waldo Fernández González presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado para impedir que esos evasores de impuestos sean candidatos a puestos de elección popular.
“La clase política de alguna manera esta fuera del cumplimiento de la ley y de las nomas. El estado mexicano la única manera en que puede dar salud, seguridad y ayudar a la población con vivienda, es con el pago de impuestos y parece que la clase política no tiene con que pagar impuestos pues están utilizando empresas facturaras”, expresó el legislador.
Lo anterior -dijo- se ha puesto al descubierto con la “relación toxica” que en el último año han mantenido el PRI, PAN y MC exhibiéndose en temas que tienen que ver con las llamadas facturaras y el desvío de recursos públicos.
Con la propuesta presentada por González Fernández en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León, se modifican los artículos 9 y 97 de la legislación estatal electoral, a fin de impedir la participación en política, a personas que hayan tenido nexos con “empresas fantasmas” en los tres años previos a las elecciones.
“Que es lo que dice esta reforma, que las personas que aspiren a un puesto público, que en los últimos tres años anteriores al día de la elección hayan hecho operaciones con empresas factureras, sean inhabilitadas para poder participar en el proceso, la segunda condición es que en los últimos tres años hayan hecho operaciones superiores a 10 millones de pesos con estas empresas factureras”, precisó.
De aprobarse, el impedimento entraría en vigor pasadas la contienda del 2024 y las modificaciones se establecerán mediante un convenio entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Hacienda.
“Es tan sencillo como dar de alta en un sistema y en 24 horas se estuviera rindiendo un informe por las operaciones, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de tener los archivos de los últimos 10 años de cada contribuyente. Se puede proporcionar un reporte sobre un individuo que quiere ser candidato para saber quiénes han sido sus clientes, proveedores, su pago de impuestos”, detalló el diputado morenista.