En los remates hipotecarios, uno de los escenarios más delicados es el proceso de desalojo de una propiedad. En particular, cuando dentro se encuentran personas que no están dispuestas a dejar el inmueble de manera voluntaria.

“La realidad es que esta situación es muy común. De hecho, el 99% de los inquilinos no abandonan el inmueble por voluntad propia, lo que subraya la importancia de abordar esta situación con asertividad y conocimiento de las leyes”, afirma Mike Ramírez, Fundador de Blun.M2, proyecto que ayuda a las personas a multiplicar su patrimonio a través de inversiones en remates hipotecarios.

En principio, es esencial buscar una negociación. Conversar con las partes involucradas para encontrar soluciones viables es el primer paso. Es fundamental tener el panorama completo de la situación, esto implica examinar el estatus legal de la propiedad, identificar a las partes involucradas y evaluar la documentación relevante y sobre todo conocer los números para saber que tan viable o inviable es que paguen.

“Es imprescindible asegurarse de que las acciones realizadas durante el proceso de desalojo o lanzamiento cumplan con las leyes y regulaciones pertinentes. Esto incluye, respetar los derechos legales de las partes involucradas y seguir los procedimientos según la jurisdicción correspondiente. Idealmente, el proceso debería resolverse en una negociación extrajudicial, mediante un acuerdo o una conciliación, sin embargo, este punto casi nunca pasa”, detalla el Fundador de Blun.M2.

Si derivado de la negociación no hay una respuesta positiva de parte de los inquilinos o deudores, la solicitud de entrega es el siguiente paso. Se trata de un procedimiento legal que se inicia con el propósito de obtener una orden judicial que autorice la toma de posesión física del bien.

De acuerdo con Mike Ramírez, este proceso “establece un marco legal para el desalojo, lo que permite iniciar la recuperación de la propiedad. Este paso es vital, ya que garantiza que el proceso se realizará de manera adecuada y conforme a la ley. Para llevar a cabo un desalojo de manera legal, se requiere la autorización de un juez, quien da su venia para hacer uso de la fuerza pública y autoriza el forzado de cerradura en caso de ser necesario. Sin este paso, el desalojo podría enfrentar obstáculos legales, retrasos y posibles litigios”.