Raúl Guajardo Cantú

El gobernador del estado, Samuel García, no ha enviado el presupuesto de egresos al Congreso para su aprobación los dos últimos años, suponemos que después de que le fuera aprobado el primer ejercicio presupuestal y de que derivado de su ejercicio se desprendieran reclamos de los municipios y los diputados emanados del PRI y el PAN, pensó que no le serían aprobados en los términos en que los enviaría.

La justificación ofrecida por el gobernador para no enviar los presupuestos, fue en el sentido de que Nuevo León tendría suficientes recursos para su administración aplicando el mismo presupuesto que el de 2022 más lo aumentos inerciales. Al menos eso dijo en su momento.

La realidad es que no ha sido así, el gobierno del estado ha tenido que recurrir a solicitar préstamos para cumplir con sus compromisos y un fenómeno meteorológico imprevisto, como la tormenta tropical Alberto, tienen hoy en predicamento las finanzas estatales. También ha recurrido a utilizar fondos de otros programas, como el de la Red Estatal de Autopistas, REA, para cumplir con otros compromisos.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una resolución según la cual el gobernador incurrió en una omisión punible, por lo cual ordenó al Congreso local, dominado por PRI y PAN, que imponga una sanción a Samuel García, la cual aún está en proceso debido a que no ha existido el quórum necesario para llevar a cabo la sesión o sesiones en que se decidiría cuál sería tal sanción, que puede ser en un momento tan grave como la destitución del cargo.

Es probable que, luego del encontronazo que tuvo durante su primer año de gobierno con el Congreso local, el gobernador apostara a que en las elecciones intermedias se llevaría la mayoría en el poder legislativo. No sucedió así y ahora las consecuencias puede pagarlas, además de él, los ciudadanos nuevoleoneses.

La pugna mantenida durante todo este tiempo con el Congreso local, ha traído consigo una serie de consecuencias que se reflejan en la falta de presupuestos de algunos municipios, principalmente de aquellos que no surgieron del mismo partido del gobernador, con todas las consecuencias que ello tiene en la falta de servicios públicos, como el de las vialidades u su afectación en la movilidad.

Las cuales, por cierto, al ser afectada dos de las principales vías como lo son Constitución y Morones Prieto debido a la creciente del río Santa Catarina, constituyen todo un reto para los nuevoleoneses que acostumbraban a desplazarse por ellas y para las autoridades que no cuentan con recursos económicos para realizar los trabajos necesarios para su rehabilitación.

Por ahora el gobernador no ha querido sentarse a negociar con el Congreso, y este por su parte, pone como condición para sentarse a la mesa, que se cumpla con lo que aseguran el gobernador no cumplió el primer año de gobierno, creando un círculo vicioso que nos puede llevar a la falta de gobernabilidad.

Ahora, por el bien de los ciudadanos, Samuel debería plantearse la posibilidad de, como dice el dicho “hacer de tripas, corazón” y sentarse a la mesa a negociar, pero hacerlo de verdad.

Cediendo lo que tenga que ceder y aceptando que en anteriores ocasiones, según dicen sus oponentes, no cumplió con sus compromisos.

En caso contrario, nos esperan tres largos años de pleitos entre poderes cuyos damnificados seremos nosotros.