De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Un chiste muy local en Puebla establece que el desafuero es un restaurante muy visitado por los políticos locales, al que pueden acceder, sin preocuparse de problemas judiciales.
El sistema legislativo establece que el desafuero es una figura que protege a los políticos que ostentan un cargo de elección popular contra problemas judiciales en su contra, aunque la ley registra que sirve para que no puedan ser juzgados por sus ideas o expresiones políticas.
Sin embargo, el desafuero es pretexto para que los políticos se protejan por todo tipo de excesos que cometan.
Es por eso por lo que, sin distingo de partidos o ideologías, los políticos que tienen problemas con la ley o que son investigados recurren constantemente a la búsqueda de una candidatura a un cargo de elección popular.
De esa manera se blindan o creen hacerlo en contra de las acusaciones que pesan sobre ellos, ya que las leyes son demasiado laxas y no dejan que se proceda en su contra, en casi todos los casos.
La prueba de ello es que existen (según Hugo Eric Flores) 1200 peticiones de desafuero en contra de personajes que, incluso, ya dejaron de estar protegidos por el fuero constitucional, por lo que un juicio de procedencia es inviable.
En México el desafuero procede en contra de aquellos políticos que perdieron el blindaje que les brinda el ser cercanos a los círculos del máximo poder.
Cuando eso sucede los personajes que son sometidos al desafuero, saben que si procede la ruta a seguir serán detenidos y enfrentarán las acusaciones sin ningún tipo de protección.
Y es que cuando procede el desafuero es porque se comprueba que el implicado cometió un delito y ya se puede juzgar por ello.
Conforme con lo que establece el Sistema de Información Legislativa (SIL), la Cámara de Diputados solo se encarga de emitir la declaración de procedencia o desafuero, pero no puede juzgar al funcionario acusado.
Después de recibida la solicitud, será la Comisión Jurisdiccional, a través de la Sección Instructora, la que deberá rendir su dictamen sobre el desafuero en un plazo de 70 días hábiles.
La sección, compuesta por cuatro diputados miembros de la Comisión Jurisdiccional, será la que realice las diligencias pertinentes para establecer si existe el delito y el funcionario a quien buscan quitarle el fuero es responsable.
Si al terminar los 70 días no se presenta un dictamen, se ampliará el periodo si es estrictamente necesario.
En caso de que la Sección Instructora determine que hay delito por el cual se debe proceder en contra del funcionario, se le separará inmediatamente de su cargo o comisión y estará sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.
En tanto, si se determina que la acusación no es procedente, la Sección Instructora lo hará saber de inmediato a la Cámara para que resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.
El proceso de desafuero sólo se da cuando se encuentra en el cargo de servidor público, si ya terminó su periodo no procede.
Raro es cuando la Cámara de Diputados decide iniciar un juicio de procedencias para el retiro del fuero. Uno de los casos más sonados fue el del entonces senador Jorge Díaz Serrano, quien fue acusado de varios delitos cometidos durante su actuación como director de PEMEX.
Otros más fueron el de diputado federal poblano Saúl Huerta, denunciado por delitos de violación a menores.
Y otro caso de diputado federal es el de Mauricio Toledo, acusado de desvío de recursos y uso indebido de funciones. Mauricio tuvo el tiempo suficiente para fugarse y asilarse en Chile.
Ahora la Cámara de Diputados anunció que revisará todos los expedientes presentados, aunque se considera que la tarea va dirigida en contra del senador Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.
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Qué pasará con el añejo enfrentamiento entre los diputados Cuauhtémoc Blanco y Hugo Eric Flores. Llegó el momento en que el exdirigente del PES tenga su revancha contra el exgobernador de Morelos.