Por Manuel CARMONA

Pese al estado de tensión que prevalece en nuestro país a raíz del conflicto en el cual los Poderes Ejecutivo y Legislativo han puesto al Poder Judicial Federal al borde de la intrascendencia, siendo objetivos es posible considerar que todavía no estamos frente una catástrofe, pero sí de una enorme preocupación por la crisis constitucional en la que ya estamos inmersos.

No es un asunto menor que cerca de 200 suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales en diferentes fechas y contra diferentes actos de autoridad hayan sido totalmente ignoradas por parte de los Diputados, Senadores y la Presidenta de la República, porque esto no es un simple juego de vencidas, sino algo más profundo: es una fractura al estado de Derecho.

A la par de esto, en los últimos días ha arreciado la presión en todos los niveles para que los Jueces de Distrito y Magistrados del PJF reanuden labores, por lo que habría que preguntarse ¿Con que objeto? Si las resoluciones que pudieran dictar en el futuro, su cumplimiento se ha vuelto opcional para la autoridad que haya sido señalada como responsable en un juicio de amparo y ya no es una obligación hacerles caso.

Cuál es el sentido de reanudar si las resoluciones y sentencias que dicten Jueces, Magistrados o Ministros, deberán pasar el filtro de las instancias gubernamentales y ha quedado a su facultad discrecional su cumplimiento ó en su caso se someterán a votación  como ocurrió recientemente en el Consejo de la Judicatura Federal en donde por mayoría se resolvió ignorar una suspensión provisional  ordenada por un juez de distrito.

¿Para que reanudar labores de un Poder que se ha convertido en el hazmerreir de quienes hoy ostentan el poder político?

Como bien lo advirtieron en su momento la reforma ¡va porque va! Y lo están cumpliendo al pie de la letra. Todo apunta a que lograrán su cometido y por el momento se saldrán con la suya, mientras que sus seguidores se alegran y festejan completamente ajenos e inconscientes de la gravedad de lo que esta ocurriendo: la ruptura del CONTRATO SOCIAL.

Hace más de 250 años el pensador y filósofo suizo Juan Jacobo Rousseau, una de las figuras de mayor peso en el movimiento cultural en Europa en el siglo XVIII que fue conocido como La Ilustración, planteó en su obra “El Contrato Social” esta teoría que fue el cimiento para edificar la figura del Estado como hoy lo conocemos.

En esta obra describe dos momentos en la historia, la del hombre en su estado natural y la del hombre en un estado social.

En un primer momento el hombre es nómada, habita en aldeas y se organiza en tribus en función de costumbres y se apropia de todo lo que puede sin restricción alguna, predomina la ley del más fuerte.

Con el paso del tiempo a medida que el hombre EVOLUCIONA, descubre la agricultura, se vuelve sedentario y se forman las primeras ciudades, se establece un nuevo modelo de organización en el cual el individuo comprende que debe establecer un PACTO por virtud del cual acepta “asociarse” con quienes convive y delega parte de su libertad en una figura que es representada por el Estado, quien se encargará de aquí en delante de establecer las reglas de convivencia y TODOS SE COMPROMETEN A RESPETAR.

En su estado natural el individuo se mueve y guía por sus instintos, su libertad es plena e ilimitada. En el estado derivado del CONTRATO SOCIAL el individuo se mueve y se guía en función de las reglas que le impone el Estado. Para que este modelo pueda cumplir su cometido, todos los miembros del cuerpo social tienen LIMITES, incluido el Estado mismo.

El beneficio que traía consigo el estado natural es que el individuo gozaba de la libertad para hacer lo que sea, pero sus derechos dependían de la fuerza para hacerlos valer. El beneficio que trae consigo suscribir el CONTRATO SOCIAL es que las desigualdades físicas, económicas y políticas son anuladas y los hombres se convierten en iguales, en tanto que el Estado es el responsable de velar por el respeto a los derechos de sus gobernados a través de los tribunales.

De tal manera que cuando el individuo decide desconocer el orden establecido y reconocido en un pacto federal que data de hace dos siglos y que se renovó en 1917 es una regresión por donde se le quiera ver.

Y ya más en concreto, regresando al punto de partida, cuando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de cualquier país del mundo y de sus jueces y magistrados se ignoran, cuando la justicia se politiza y las instituciones se fracturan, la población se enfila hacia la incertidumbre.

Al margen de la euforia oficialista por su eminente victoria, el ciudadano de a pie debería preocuparse, porque lo que hoy estamos viendo es como la división y el equilibrio de poderes, se tambalea ante nuestros ojos…

El autor es abogado, escritor y analista político.