Monterrey.- En los últimos años, Nuevo León ha experimentado un incremento en las violaciones a los derechos de las personas periodistas, informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Desde 2020 hasta agosto de 2024, se han registrado 28 casos, 24 en la administración actual, de los cuales en 8 se proporcionaron atenciones diversas y se aperturaron 16 expedientes de queja, 6 de oficio y los restantes a petición de parte, que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias, uso desproporcionado o indebido de la fuerza, intimidación, censura, amenazas y agresiones directas.

Este contexto de violencia y vulnerabilidad atenta contra la libertad de opinión y expresión, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la Constitución, expresó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, Susana Méndez Arellano.

“Acudimos al Congreso del Estado a presentar el pliego petitorio para proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, a través del cual  hacemos un atento llamado a los Poderes Públicos del Estado de Nuevo León para que asuman su responsabilidad y tomen acciones urgentes para garantizar la seguridad de las personas periodistas y su derecho a la libertad de expresión y opinión” explicó la titular de la CEDHNL.

La violencia y las amenazas contra periodistas obligan a muchos a abandonar su profesión. Informes de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas destacan que esta problemática está arraigada en diversas formas de censura y represión estatal.

Ante ello, se deben investigar y enjuiciar a quienes amenacen, acosen, o agredan a periodistas , así como aprobar leyes y políticas para prevenir, prohibir, investigar y enjuiciar las agresiones . También se deben adoptar medidas eficaces para prevenir las agresiones y proteger a las y los periodistas, consultando a las partes interesadas y evaluando su eficacia periódicamente .

En Nuevo León, no se cuenta con una ley  o mecanismo local de protección para periodistas, lo que los coloca en una posición de extrema vulnerabilidad; por lo que, en Nuevo León se debe establecer un marco integral de protección para personas periodistas.

La libertad de opinión y expresión es esencial para una labor informativa sin censura ni trabas. Las y los periodistas tienen derecho a una protección legal específica debido al interés público de su labor. Los estados deben abstenerse de imponer restricciones arbitrarias y establecer medidas legislativas y reglamentarias para garantizar su seguridad .

Es imperativo aprobar una ley integral que no solo defina de manera inclusiva a quienes ejercen el periodismo, sino que también establezca mecanismos efectivos de protección y medidas para regular la publicidad gubernamental en los medios, evitando influencias indebidas. 

Asimismo, se debe revisar la legislación que limita la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pública, para asegurar que no se criminalice a quienes alzan su voz.