Por Gerardo Guerrero

En México, la discusión sobre la reforma de la “supremacía constitucional” ha generado controversia y preocupación en diversos sectores de la sociedad. A pesar de que sus defensores argumentan que busca fortalecer el Estado de derecho, críticos señalan que puede tener efectos adversos, especialmente en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.

Limitación del Acceso a la Justicia

Uno de los puntos más preocupantes de la reforma es la posibilidad de limitar el acceso a la justicia. Según expertos, al impedir la revisión judicial de las decisiones del poder legislativo, se podría concentrar el poder y permitir abusos. Esto va en contra de la separación de poderes, un principio fundamental en cualquier democracia que busca garantizar que ningún órgano del gobierno acumule demasiado poder. Esta reforma, por lo tanto, podría dejar a los ciudadanos sin un recurso efectivo para cuestionar leyes y decisiones que vulneren sus derechos.

En concreto, la revisión judicial es un mecanismo crucial para la protección de derechos y libertades fundamentales. Sin ella, las leyes y políticas públicas no pueden ser evaluadas con la rigurosidad necesaria para asegurar su compatibilidad con la Constitución. Los ciudadanos quedarían desprotegidos frente a decisiones arbitrarias y potencialmente injustas, socavando así la confianza en el sistema judicial y en el Estado de derecho.

Compromiso de los Derechos Humanos

La reforma también pone en riesgo la protección de los derechos humanos. Al dificultar la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se comprometen los compromisos internacionales del país. México ha sido un firme defensor de los derechos humanos en el ámbito internacional, y cualquier medida que debilite este compromiso puede tener repercusiones negativas tanto a nivel nacional como global. La imposibilidad de revisar judicialmente las decisiones legislativas puede derivar en la perpetuación de injusticias y en la consolidación de violaciones a los derechos fundamentales.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece estándares claros para la protección de derechos y libertades fundamentales. Al limitar la capacidad de los tribunales para revisar las decisiones del poder legislativo, se pone en peligro la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones internacionales. Esto no solo afecta a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino que también daña la reputación de México en la comunidad internacional, minando su credibilidad y liderazgo en la defensa de los derechos humanos.

Imparcialidad Judicial en Riesgo

Además, la propuesta de seleccionar magistrados por elección popular ha sido vista con escepticismo. Este método podría comprometer la imparcialidad judicial, ya que los magistrados seleccionados de esta manera podrían estar sujetos a influencias económicas y criminales. Es fundamental garantizar que la justicia no esté a merced de intereses particulares, asegurando así un sistema judicial justo y equitativo. La elección popular puede convertir a los magistrados en actores políticos, vulnerables a las presiones de quienes financian sus campañas, lo cual puede minar su independencia y objetividad.

La independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho. Sin ella, los tribunales no pueden actuar con la imparcialidad y equidad necesarias para garantizar que se haga justicia. La selección de magistrados mediante elecciones populares puede crear un entorno en el que la justicia se vea influenciada por intereses económicos y políticos, comprometiendo así la integridad del sistema judicial. Además, los magistrados podrían sentirse obligados a tomar decisiones populares en lugar de justas, socavando la confianza pública en el sistema judicial.

Defensa del Orden Constitucional

La Constitución mexicana establece un orden jurídico claro y equilibrado que debe ser protegido. El tribunal tiene la responsabilidad de salvaguardar estos principios y cualquier intento de evitar la revisión judicial es inválido. El poder reformador, aunque tiene la capacidad de introducir cambios, no puede actuar sin límites. La revisión judicial es un mecanismo esencial para mantener el equilibrio de poderes y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin este mecanismo, se corre el riesgo de que el poder legislativo actúe sin control, violando los principios democráticos y los derechos humanos.

La importancia de la revisión judicial radica en su capacidad para actuar como un contrapeso al poder legislativo. Sin esta capacidad de revisión, el poder legislativo podría actuar sin restricciones, promulgando leyes que podrían violar los principios constitucionales y los derechos humanos. El tribunal, por lo tanto, juega un papel crucial en la defensa del orden constitucional y en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Implicaciones Económicas y Sociales

La reforma no solo tiene implicaciones legales, sino también económicas y sociales. La concentración de poder y la falta de revisión judicial pueden generar un clima de inseguridad jurídica que afecte la inversión extranjera y el desarrollo económico. Los inversionistas buscan países con marcos legales sólidos y predecibles, y cualquier amenaza a estos principios puede llevar a la fuga de capitales y a la desconfianza en las instituciones mexicanas. Además, las violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia pueden exacerbar las desigualdades sociales y aumentar la tensión social.

La seguridad jurídica es un factor clave para el desarrollo económico. Los inversionistas necesitan confianza en que sus inversiones estarán protegidas por un marco legal justo y estable. La concentración de poder y la falta de revisión judicial pueden crear un entorno de incertidumbre, disuadiendo la inversión y afectando negativamente el crecimiento económico. Además, la falta de justicia y protección de los derechos humanos puede aumentar las tensiones sociales, creando un entorno de inestabilidad que puede perjudicar aún más el desarrollo económico y social del país.

Reflexiones Finales

La reforma de la “supremacía constitucional” plantea serios desafíos para el Estado de derecho en México. Limitar el acceso a la justicia, comprometer la protección de los derechos humanos y poner en riesgo la imparcialidad judicial son preocupaciones que no deben tomarse a la ligera. Es crucial que las reformas constitucionales se realicen con un enfoque en fortalecer, no debilitar, los pilares fundamentales de la democracia y el Estado de derecho.

La discusión sobre esta reforma debe ser abierta, inclusiva y basada en principios de justicia y equidad. Solo así se podrá garantizar un futuro donde los derechos de todos los mexicanos estén protegidos y el Estado de derecho prevalezca. Los legisladores y la sociedad civil deben trabajar juntos para asegurar que cualquier cambio constitucional refuerce la democracia y proteja los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Solo a través de un compromiso colectivo con estos principios se puede construir un México más justo y equitativo. La participación activa de todos los sectores de la sociedad es esencial para garantizar que las reformas constitucionales reflejen los valores y necesidades del pueblo mexicano y para construir un futuro donde la justicia y la equidad sean la norma.

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