Por Instituto Nacional de Consultoría Familiar ac Luz María Ortiz Quintos
El reciente anuncio de las autoridades sobre la obligatoriedad del uso del transporte escolar para los niveles de preescolar, primaria y secundaria en escuelas particulares del área metropolitana de Monterrey generó una reacción inmediata entre madres y padres de familia. El argumento central de dicha medida era contribuir a la reducción del tráfico vial. Sin embargo, lo que parecía ser una solución para un problema urbano, representaba, en la práctica, una carga económica y logística para muchas familias.
Desde un inicio, expresamos nuestro rechazo a esta disposición. Si bien compartimos la preocupación por el congestionamiento vehicular, imponer una medida de esta naturaleza —sin considerar la realidad económica y operativa de las familias— era injusto. A los múltiples compromisos ya asumidos por quienes optamos por una educación particular, se sumaba un gasto más, sin que existiera una propuesta clara, equitativa o bien estructurada.
Días después, la autoridad anunció que el transporte escolar sería obligatorio, pero gratuito. La noticia fue recibida con escepticismo, y lamentablemente, esta alternativa duró poco. El secretario de Movilidad presentó entonces una iniciativa para que se incluyera la obligatoriedad del transporte escolar en la Ley de Educación, dando tan solo tres meses a los colegios particulares para presentar propuestas.
Gracias a la labor de los medios de comunicación y al debate público generado, como representantes de madres y padres de familia tuvimos la oportunidad de expresar nuestro rechazo a esta imposición. Nuestra postura fue clara: si la medida se implementara, debía ser financiada por el Estado, de modo que no implicara un costo adicional para las familias.
Este martes 12 de agosto, las autoridades municipales y estatales anunciaron una nueva estrategia:
“Apostar al programa de auto compartido o carpool como principal medida para reducir el exceso de vehículos en circulación, dejando para después el plan estatal del transporte escolar obligatorio”.
Consideramos que este cambio de rumbo es una señal positiva. Implica el reconocimiento, por parte de las autoridades, de que las decisiones públicas deben partir de un entendimiento profundo de la realidad social y familiar. Obligar no es lo mismo que dialogar, y planear no es lo mismo que imponer.
Queremos agradecer a los medios por abrir espacios a nuestra voz, y a la autoridad por haber escuchado. Reconocer que una medida no es viable también es gobernar con responsabilidad. Nuestro interés siempre será el bienestar de nuestras hijas e hijos, y el de las familias neoleonesas.