Acusan de privilegios y presuntas irregularidades a dirigencia del SUSPE

*Más de 400 trabajadores en activo, pensionados y jubilados preparan un movimiento para exigir cambios en el sindicato burocrático de Nuevo León
MONTERREY, NL.- Trabajadores en activo, pensionados y jubilados del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León (SUSPE) comenzaron a organizarse para protestar contra la actual dirigencia, a la que acusan de favorecer a sus allegados, amenazar a quienes disienten y mantener prácticas que, aseguran, han deteriorado las prestaciones laborales.
El grupo, integrado por más de 400 inconformes, señala al secretario general del gremio, Ricardo Javier Cavazos Balderas, y a su hermano Juan Manuel, quien ocupa la Secretaría Técnica, de concentrar privilegios mientras los beneficios para la base sindical presentan rezagos.
Los inconformes también cuestionan la relación de los dirigentes con el gobierno estatal encabezado por Samuel García. Según su versión, la dirigencia estaría enfocada en respaldar el proyecto político de Movimiento Ciudadano rumbo a la sucesión gubernamental, en lugar de atender las demandas de sus representados.
Quienes participan en la organización solicitaron reservar sus identidades hasta que el movimiento sea anunciado formalmente. Entre sus principales señalamientos se encuentran presuntas deficiencias en la atención médica, irregularidades en la asignación de plazas y falta de transparencia en los procesos de promoción laboral.
En materia de salud, denunciaron que el sindicato proporciona medicamentos genéricos adquiridos a través de proveedores, pese a que médicos de hospitales privados donde reciben atención les prescriben medicamentos de patente. Consideran que esta situación afecta la calidad del servicio médico por el que los trabajadores aportan cuotas sindicales.
Además, afirmaron que existen indicaciones para limitar a tres horas la permanencia de los pacientes que requieren atención, intervención quirúrgica u hospitalización, situación que atribuyen a la intención de reducir los gastos que debe cubrir el sindicato.
Otro de los puntos cuestionados es el sistema de escalafón. Los inconformes sostienen que el responsable de esa área carecería de título y cédula profesional, requisitos que, según denunciaron, sí se exigen a los empleados que buscan ascender a mejores puestos.
También señalaron que, aunque se emiten convocatorias para ocupar plazas, algunas asignaciones presuntamente se realizan mediante favoritismos y decisiones discrecionales, sin tomar en cuenta los méritos y la preparación de los aspirantes.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por los inconformes, el gobierno de Nuevo León cuenta con alrededor de 3 mil 500 trabajadores sindicalizados, además de un número similar de empleados de confianza y aproximadamente 2 mil jubilados.
Ante este panorama, los trabajadores inconformes buscan consolidar su organización y aseguran que ya cuentan con asesoría de abogados para emprender acciones en defensa de sus derechos.
Su objetivo, afirmaron, es impulsar una transformación interna del SUSPE, recuperar la confianza de sus agremiados y promover un sindicato democrático, transparente y enfocado en la defensa de las condiciones laborales y las prestaciones de sus integrantes.