Los problemas del área metropolitana de Monterrey

Raúl Guajardo Cantú
El artículo 115 Constitucional es muy claro por lo que respecta a la forma en que se maneja la hacienda municipal: autonomía total, de hecho es el Cabildo el que decide el presupuesto de egresos de cada ente municipal, eso sí, es el Congreso local quien autoriza los ingresos presupuestales.
Lo anterior significa que cada municipio establece sus planes de desarrollo y sus programas de seguridad, todo con recursos que resultan insuficientes, sobre todo, cuando el municipio es uno de los que tienen un crecimiento poblacional acelerado, ya que los recursos, las participaciones federales, se asignan tomando en consideración los datos censales, mismos que tienen un rezago por razones naturales, ya que los censos se realizan solamente cada década.
En un área metropolitana como la de Monterrey, en donde vivimos más de 8 de cada 10 habitantes del estado, esta situación representa todo un reto para las administraciones municipales, ya que los 12 o 16 municipios que la componen, tienen problema comunes, presupuestos diferentes y problemáticas que se agudizan cuando son sitios de tránsito o destino.
Por ejemplo Monterrey y Guadalupe comienzan a perder población, si bien moderadamente por ahora, pero son municipios por los que transitan personas que habitan en la periferia y que se desplazan hacia sus trabajos o a sus áreas de estudio, algo que sucede notoriamente en San Nicolás de los Garza, el cual también pierde población, pero es la sede del Campus principal de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ese tránsito de personas genera requerimiento de servicios, como vialidades, transportes, limpieza, mantenimiento de infraestructura, por poner solamente algunos ejemplos, sin embargo, las personas que transitan por estos municipios no son contabilizadas como habitantes de ellos, por lo que no se establece presupuesto alguno para la atención de sus necesidades.
Una situación inversa sufren los municipios que están creciendo, como Apodaca, Juárez, Pesquería y García, este último el de mayor porcentaje de crecimiento poblacional según los datos de la encuesta intercensal, quienes reciben recursos con base a un esquema poblacional que ya no existe. No son los únicos que sufren este proceso, también están Salinas Victoria, Zuazua y Ciénega de Flores. Aunque seguramente estos municipios registrarán ajustes en sus participaciones, precisamente gracias a los datos intercensales.
¿A dónde queremos llegar con estos datos? a una cuestión muy sencilla y complementaria de nuestra anterior colaboración: quien llegue a la gubernatura del estado, deberá tener un proyecto claro y viable para establecer una especie de consejo intermunicipal del AMM en el cual los gobiernos municipales establezcan acuerdos para optimizar los recursos correspondientes a aquellos que se consideren problemas comunes y que, al ser atacados individualmente por cada municipio, generalmente se tienen soluciones deficientes o inadecuadas.
No es un trabajo sencillo conjuntar el parecer de 12 o 16 alcaldes de diferentes orígenes partidistas y por tanto con visiones distintas de lo que significa gobernar bien, sin embargo, dadas las características de la geografía humana existentes en Nuevo León, quien gobierne deberá exhibir sus dotes de estadista, más que algunos otros.
Ya veremos si hay quién se “eche ese trompo a la uña”.