La Corte Suprema de Justicia estadunidense decidió hoy, por cinco votos a favor y cuatro en contra, que el gobierno puede detener y deportar inmigrantes legales por delitos que hayan cometido, incluso si ocurrieron tiempo atrás, en aval a la postura del gobierno de Donald Trump.

El fallo señala que esas personas no tienen derecho a una audiencia de fianza ni a la posibilidad de una nueva liberación, en tanto que el Departamento de Seguridad Nacional lleve su caso para conducirlo a la deportación, reportó la cadena Univisión.

La ley de inmigración ordena al gobierno que detenga nuevamente a esas personas cuando sean puestas en libertad, mientras un tribunal de inmigración decide si deben ser deportadas, aun en el caso de que se trate de residentes legales.

El fallo, que cita una disposición legal de 1996, fue defendido por el juez Samuel Alito, quien dijo que tal ley exigía la detención obligatoria para los no ciudadanos que cometieran delitos “incluido, por ejemplo, cualquier delito de drogas cometido por un adulto castigado con más de un año de prisión, así como una variedad de delitos fiscales”.

Alito detalla que “estos extranjeros deben ser arrestados ‘cuando (sean) liberados’ de la custodia por cargos criminales y deben ser detenido sin una audiencia de fianza hasta que se resuelva la cuestión de su remoción (del país)”.

Este fallo revirtió una decisión de 2016 del noveno Tribunal de Apelaciones de Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco.

Abogados de migración indicaron que los jueces conservadores de la Corte se pusieron del lado del gobierno de Trump, que se opone a las audiencias para los condenados por delitos.

La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) citó el caso de uno de los principales demandantes, Mony Preap, quien fue residente permanente legal en Estados Unidos desde 1981 y tiene dos condenas por posesión de marihuana, fue liberado en 2006 y apresado por las autoridades de inmigración hasta 2013.

Los abogados de Preap argumentaron que, según la interpretación de la ley por parte del gobierno, aunque los procesados puedan demostrar al juez de inmigración que no representan un riesgo de fuga, serán detenidas igualmente.

“Este fallo da otra herramienta al ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) para detener y deportar a personas que están legales en Estados Unidos y que cometen un crimen o que lo cometieron hace mucho tiempo”, sin tener derecho a fianza, explicó el abogado Ezequiel Hernández.

El problema es especialmente grave para las llamadas ciudades santuario, que se rehúsan a cooperar con los pedidos de las autoridades federales de mantener a inmigrantes en prisión hasta que lleguen los funcionarios de migración.