Luz María Ortiz Quintos

En el transcurso de la semana pasada, las autoridades realizaron una labor extraordinaria de presencia y supervisión en planteles escolares del área metropolitana. Esto, debido a mensajes y pintas con amenazas como la siguiente: “Tiroteo escolar… los mataré por todo lo que me han hecho… los mataré el lunes”.

En una entrevista de radio el pasado viernes, solicitamos a la Policía Cibernética reforzar la revisión de medios digitales, con el fin de identificar los grupos y redes sociales donde se promueve o difunde este tipo de conductas entre los jóvenes.

Desde 2017 hemos propuesto, en reiteradas ocasiones, la implementación permanente del programa Mochila Segura, con la finalidad de revisar, tanto en planteles públicos como privados, las mochilas de estudiantes de educación básica y media superior, ya que es precisamente en esos niveles donde se están originando muchas de estas amenazas.

Por otro lado, es importante recordar que no solo existen amenazas verbales o escritas; lamentablemente, en diversas ocasiones se han encontrado armas blancas y armas de fuego en mochilas de estudiantes. Incluso, ya se han presentado casos de lesiones entre compañeros.

Hoy la autoridad está actuando con prontitud ante denuncias y amenazas anónimas; sin embargo, la gravedad del problema exige acciones más firmes. Una amenaza constituye un delito y debe perseguirse de oficio.

Se requieren medidas disciplinarias claras, en las que tanto estudiantes como padres de familia asuman responsabilidad por estas conductas y enfrenten las sanciones correspondientes.

El primer filtro de revisión está en cada familia. En cada hogar se debe garantizar que las armas permanezcan fuera del alcance de los menores de edad, así como revisar la mochila de los hijos antes de dejarlos en la escuela.

La acción prioritaria en este tema es la prevención desde casa. La escuela cumple una función formativa, pero la responsabilidad, los valores, los límites y el buen comportamiento se fortalecen principalmente en el hogar.

Cuando los padres de familia omiten esa formación esencial, las consecuencias terminan reflejándose en el entorno escolar.

Asimismo, las escuelas se verán obligadas a actualizar sus reglamentos internos para establecer sanciones claras a aquellos alumnos que introduzcan armas blancas, armas de fuego o medicamentos controlados a los planteles escolares.