Por Salvador Hernández LANDEROS
A partir de hoy inicia la cuenta regresiva de diez días para que el Congreso del
Estado anuncie la sanción que impondrá al Gobernador Jaime Rodríguez.
Cual sea la sanción no podrá ejecutarse hasta que se resuelva la suspensión
provisional que concedió la SCJN a través del ex ministro Eduardo Medina.
Salvo “un milagro político”, que puede leerse como “orden presidencial”,
podría dar otro giro al caso y que se cumpla con la sanción de la SER del TEPJE.
En lo local ya hay un predictamen que establece la destitución del cargo y la
inhabilitación por tres años para Rodríguez Calderón y Manuel González.
Antes del 20 de diciembre, la Comisión Anticorrupción que preside el diputado
Arturo Bonifacio de la Garza, habrá de anunciar el dictamen definitivo.
Lo más trascendental será la postura que asuman los diputados locales al
momento de votar por el dictamen definitivo de la Comisión Anticorrupción.
Lo que suceda, va a marcar la honorabilidad tanto de los ministros de la
SCJN, la 4T y de los integrantes de la actual Legislatura en Nuevo León.
El deshonor, en primera instancia, será para la SCJN que conforman diez
ministros y su presidente Arturo Saldívar Lelo de Larrea y, también de AMLO.
En segunda instancia, la desvergüenza recaerá en aquellos diputados locales
que, a la hora de votar el dictamen, se ausenten o se abstengan de ello.
Su postura será observada por Ongs que, para deshonrar a esos diputados,
sugieren inscribir sus nombres en una placa y colocarla en la Macroplaza.
Esto con la intención de que la sociedad de Nuevo León, no se olvide de los
nombres de los integrantes de esta Legislatura que le dieron la espalda al
pueblo.
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