Raúl Guajardo Cantú
Ahora que Morena pidió al Instituto Nacional Electoral que contabilizara como gasto la manifestación convocada por la llamada “marea rosa” a la cual asistirán Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, por considerar que, pese a que fue convocada por organizaciones de la sociedad civil, será un acto proselitista de campaña y como tal debería contabilizarse el gasto que ahí se realice, sería bueno reflexionar cómo es que se contabilizan los actos de campaña y si el instituto electoral cuenta con los medios para realizar dicha contabilidad.
Porque seguramente si usted ha salido a las calles del área metropolitana de Monterrey se habrá dado cuenta de que en muchos puntos de la urbe se encuentran grupos de jóvenes y no tan jóvenes ondeando banderas de uno y otro partido o coalición y solicitando permiso para colocar propaganda del candidato que promueven.
Deberíamos como ciudadanos saber si se contabiliza un salario para esos jóvenes o se considera como participación voluntaria, como si fueran simpatizantes o militantes de un partido político, porque a lo largo y ancho del área metropolitana seguramente se cuentan por miles estas personas, algunas de las cuales recorren casa por casa colonias enteras promoviendo a los candidatos de los partidos que representan, regalando utilitarios o solicitando permiso para colocar mantas o espectaculares con la imagen de su candidato.
Sobresalen entre todos ellos los contingentes naranja de Monterrey de los cuales en un breve recorrido por la ciudad podemos señalar la presencia de cientos de personas realizando la promoción de la candidata a la alcaldía por ese partido.
Según el INE, y sus homólogos locales, cuando se realiza algún evento, además de los documentos de comprobación que los partidos tienen que presentar para justificar y cuantificar los gastos en que incurre, el instituto tiene la facultad y obligación de supervisar en el lugar del evento con inspectores que cuantifican lo ahí utilizado, desde un bote de agua, banderines, folletos o sillas, equipos de sonido y demás. Nos preguntamos si existe en los institutos electorales locales el personal necesario para esta tarea, porque si no lo hay, resulta increíble que se pueda tener un control de gastos en este tipo de eventos.
Los ciudadanos estamos siendo testigos de un derroche por parte de los partidos, que a simple vista pareciera ir mucho más allá de los gastos de campaña autorizados.
Ojalá así como son publicitadas muchas cosas dentro de los procesos electorales, lo sean también las formas en que se fiscalizan los gastos de los partidos y se aplique la ley a quienes rebasen estos límites con castigos que realmente permitan inhibir estas prácticas.
Como sabemos por lo que sucede en otros ámbitos de la sociedad, la impunidad en la que queda la gran mayoría de los delitos de toda índole, hace que la prevención de ellos sea prácticamente imposible, ya que el riesgo de ser castigado es mínimo.
Lo mismo, creemos, sucede en el ámbito electoral, en el cual los derroches, a la vista de todos, parecen pasar desapercibidos, tanto como el origen de los recursos. Esperemos que los ciudadanos seamos informados de dónde salen tales recursos y efectivamente cómo se gastan y que los organismos electorales cuenten con la capacidad para realizar la tarea, pese a los recortes que han sufrido sobre todo este año electoral.