Monterrey –  La Comisión Estatal de Derechos Humanos denunció que la Secretaría de Salud del Estado, le ha negado el acceso a los centros para el tratamiento y control de adicciones en lo que se ha denunciado  violencia. 

Actualmente, la CEDHNL registra 5 expedientes de queja en 2021, relacionados con los centros para el tratamiento y control de adicciones, públicos y privados, explica en un comunicado. 

En Nuevo León existen 114 instituciones privadas y 2 públicas que prestan el servicio para la atención de adicciones.

En un documento dirigido a la Secretaria Alma Rosa Marroquín Escamilla, ( secretaria de Salud), la CEDHNL aclara que solicitó a la dependencia el acceso para presentar un diagnóstico que sea de utilidad, pero le fue negado, por lo que en noviembre y diciembre del año pasado realizó un requerimiento para conocer por escrito las condiciones actuales de estos centros.

“Esta Comisión tiene conocimiento, por la integración de sus expedientes de queja, de casos relacionados con violencias ocurridas al interior de los centros para la atención de adicciones que, en la mayoría de los casos, han resultado ser establecimientos que no contaban con los permisos correspondientes, viéndose afectados los derechos a la salud, integridad personal e inclusive a la vida de las personas usuarias de dichos centros”, agrega.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortó a la Secretaría de Salud del estado a trabajar en la supervisión de estos establecimientos públicos y privados.

 “Resulta relevante la adopción de medidas, de forma inmediata y diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones a la integridad personal, salud y vida de las personas usuarias de servicios para el tratamiento y control de adicciones”.

 “Si bien el Estado puede concesionar la prestación de servicios a la iniciativa privada, esto exige como elemento fundamental la responsabilidad del Estado de supervisar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios sean provistos a la colectividad de la forma más efectiva posible”, mencionó el organismo defensor de derechos humanos.