Óscar Tamez Rodríguez

Diversas agrupaciones de ciudadanos politizados más no partidistas, se reunieron en un salón del Congreso local de Nuevo León para debatir sobre avances en la legislación de participación ciudadana.
León Acosta de ciudadanos por la democracia y Verónica Sada de pro, llevaron la organización y conducción de las acciones, tuvieron entre las autoridades invitadas, la representación del poder ejecutivo, de la autoridad electoral, del tribunal superior de justicia y por supuesto algunos diputados locales.
Entre los debates se escuchó sobre cómo hacer más eficiente la ley de participación, cómo favorecer que los ciudadanos sean más activos y participativos en la cosa pública.
Un excelente foro desperdiciado porque la autoridad en cualquier orden de gobierno y cualquier poder, asiste a esas mesas en actitud defensiva, en condición de respondiente, como si los ciudadanos fueran sus antagónicos, los enemigos con quien deben tratar.
El problema es de origen, en las discusiones se habló sobre las consecuencias, pero se olvida que la raíz de todo está en el poder legislativo, en la “representación del pueblo” que se asusta cuando el pueblo acude a su recinto.
Es increíble cómo los ciudadanos fuera de algún espacio de gobierno, se transforman en refractarios de sí mismo una vez que están en el ejercicio del poder, ese es el centro del problema, se busca llegar al poder por el poder y no por atender las causas ciudadanas.
Es urgente que se reformen las leyes, pero no para poner dientes o candados, eso es una vieja estrategia de los partidos para acallar y distraer, para que luego todo termine igual que antes.
Los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley y su desconocimiento no nos exime de la responsabilidad, un principio del contrato social con el cual se garantiza que la ley esté por sobre las personas y así no se rompa la convivencia armónica de toda sociedad.
Sin embargo, las leyes electorales están elaboradas de tal manera que no tienen claridad, frente a un mismo acto encontramos que las autoridades responden de forma distinta. El ejemplo de Jaime Rodríguez cuando en el 2015 supera los topes de gastos en campaña y los topes en las aportaciones individuales de los ciudadanos, ante una flagrante violación de la legislación vigente, la autoridad electoral local saca de la manga un acuerdo donde le autoriza un tope mayor y con ello le da impunidad frente a la ley.
Ejemplos hay infinidad, el origen del problema es que el poder legislativo elabora leyes a modo, confusas, inservibles; eso permite que la autoridad ejecutora pueda “tomar criterios” en sus resolutivos; peor aún, el poder judicial “asume otros criterios” donde según el orden de gobierno puede variar en el mismo poder judicial.
Las leyes que convocan a la participación ciudadana como las electorales y la del tema en particular están planteadas para alejar a los ciudadanos, porque en los poderes de gobierno los ven como enemigos o rivales.
Escuché que se pide en el Congreso una comisión de participación ciudadana, es el exceso, tener que exigir a la representación popular que forme una comisión que atienda las inquietudes de la sociedad, del pueblo, sea en forma individual o a través de organismos ciudadanos.
La participación ciudadana es la cuarta generación de la evolución democrática en el país y pareciera que la gente debe arrebatar a tirabuzón diversos mecanismos para ser escuchados por parte de sus representantes.
El problema no está en las consecuencias sino en las causas. Leyes y servidores comprometidos con su puesto y no con quienes los eligieron.