Monterrey – Mientras que José Lobatón, propietario de la desarrolladora Proyectos 9, que presuntamente defraudó a personas a las que les vendió departamentos no construidos, recibió un amparo para no se detenido, un grupo de afectados retornó a las protestas para exigir justicia.
Los afectados protestaron en el municipio de San Pedro Garza García y anunciaron que irán con la presidenta Claudia Sheinbaum para que les apoye en su búsqueda de justicia y se destrabe el asunto por parte de las autoridades judiciales estatales.
En tanto, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en
concedió una suspensión provisional al empresario Lobatón.
El amparo es contra la orden de aprehensión y, la suspensión fue otorgada por el Juez Mario Melo y publicada el jueves pasado en la página del Consejo de la Judicatura Federal.
La promoción del amparo es en contra de la orden de arresto y/o presentación librada en su contra y en contra de la orden de comparecencia y/o cualquier otra restrictiva de la libertad deambulatoria.
Este domingo, durante el evento llamado San Pedro de Pinta que la administración local realiza periódicamente, un grupo de afectados protestaron, exigieron justicia y que se aplique la ley conforme a derecho y empatía.
De acuerdo a Liliana Leal, representante del grupo de afectados que protestó, la primera audiencia de imputación para Lobatón, está fijada para el próximo 6 de mayo.
Leal rechazó versiones de Lobatón de que han tenido contacto con él y acusa que son mentiras: Lo que dice José Aurelio Lobatón no es verdad, es mentira, a nadie nos ha contactado, nos tiene bloqueados de WhatsApp nos tiene bloqueados de sus páginas en sus redes sociales, no es verdad que ha estado tratando de hablar con todos nosotros”, sostuvo.
Dijo que los afectados esperan empatía de las autoridades y que resuelvan conforme a derecho, y asegura que tienen confianza en que así sea.
Ahora los afectados enviaran una carta a la presidenta Sheinbaum donde le solicitarán una audiencia para que les ayude a destrabar el caso.
A la fecha son 79 denuncias las que van por presunta fraude por unos 400 millones de pesos, pero suman más de mil afectados que adquirieron departamento en una de las seis torres que nunca iniciaron la obra en diversos sectores metropolitanos.